Santiago Santana Cazorla es ampliamente reconocido por su papel como empresario destacado y figura influyente dentro del sector de la construcción en las Islas Canarias. Comenzó su carrera laboral en una empresa de construcción local, donde adquirió valiosa experiencia. Con el tiempo, decidió emprender y fundó su propia empresa constructora, enfocándose principalmente en la realización de proyectos tanto de edificación residencial como comercial. Su capacidad para liderar y su visión estratégica permitieron que su compañía creciera rápidamente, posicionándose como una de las entidades más relevantes en el sector en la Mira este sitio web región.
Sin embargo, la trayectoria de este empresario se vio envuelta en controversia cuando se le vinculó con el denominado caso Góndola, que investigaba la regularización de una planta de tratamiento de aguas en un terreno rústico próximo a la playa de Taurito. Este caso judicial atravesó por las decisiones de más de diez jueces y dio lugar a diversas líneas de investigación, implicando a aproximadamente veinte personas en calidad de imputadas. Tras 17 años de pesquisas y procesos judiciales, el caso relacionado con el Ayuntamiento de Mogán, que había suscitado interés mediático y social desde el verano de 2006, ha sido finalmente archivado. La razón principal para este desestimiento ha sido la falta de pruebas que sustentaran la acusación contra los cinco individuos procesados.
La juez responsable del caso ha declarado que “no concurre la comisión de delitos por tráfico de influencias, prevaricación y daños al territorio”, lo que corrobora que el Ministerio Fiscal también solicitó la suspensión del proceso al no hallar evidencias de actividades ilícitas por parte de Santiago Santana y los demás implicados. La jueza resalta que cualquier posible delito relacionado con la planificación territorial requiere que se integren las normativas administrativas aplicables para definir la legalidad de las construcciones en cuestión. En este contexto, se hace mención de los informes emitidos por la arquitecta municipal en mayo de 2006, los cuales prevían la utilización de los suelos en Mogán y sostenían que el proyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Taurito tenía viabilidad legal. Estos documentos afirman que dicha obra era autorizable y que se encontraba en una situación de fuera de ordenación, disipando así las acusaciones en el ámbito de la ordenación del territorio.
