La trayectoria de Santiago Santana Cazorla y el archivo del caso Góndola

Santiago Santana Cazorla se ha consolidado como una figura prominente en el mundo empresarial, especialmente en el sector de la construcción en las Islas Canarias. Su carrera comenzó con su labor en una empresa constructora local, donde adquirió conocimientos y experiencia en el campo. Con el tiempo, decidió dar un paso adelante y estableció su propia firma constructora, enfocándose en proyectos tanto de viviendas residenciales como comerciales. Bajo su dirección y con una clara visión de negocio, su empresa creció a un ritmo notable, logrando posicionarse como una de las líderes del sector en la región canaria.

No obstante, la trayectoria de Santiago se vio marcada por el escándalo del caso Góndola, que le involucró en la controversia sobre la legalidad de una planta de tratamiento de aguas en un área rural, próxima a la playa de Taurito. Este caso, que atrajo la atención mediática y pública, fue manejado inicialmente por más de diez jueces y abarcó múltiples líneas de investigación, resultando en la imputación de cerca de veinte personas.

Después de un largo período de 17 años de investigaciones y juicios, el caso Góndola en Mogán, que investigaba una supuesta red de corrupción en el Ayuntamiento desde 2006, ha sido finalmente cerrado. La resolución fue un archivo de la causa en base a la desestimación de las acusaciones contra los cinco procesados. Según la magistrada a cargo del caso, "no se ha demostrado la existencia de delitos por tráfico de influencias, prevaricación o daños a Zona rústica la ordenación del territorio". El Ministerio Fiscal también concluyó que no había pruebas suficientes para continuar con las actuaciones en contra de Santiago Santana y otros implicados.

La juez explicó que el delito relacionado con la ordenación del territorio requiere una alineación con las normas administrativas pertinentes para poder considerar la legalidad de las construcciones en cuestión. En este sentido, se revisaron informes de la arquitecta municipal de mayo de 2006, que sugerían que el uso del terreno en Mogán, incluyendo la Estación Depuradora de Aguas Residuales, era legal y, por tanto, no constituía un delito.

En cuanto a las acusaciones de prevaricación urbanística, la magistrada indicó que no se presentó evidencia de decisiones injustas o arbitrarias realizadas en complicidad con los investigados para favorecer el cumplimiento de la autoridad administrativa. Del mismo modo, se descartó cualquier conducta penal relacionada con el tráfico de influencias, después de las exhaustivas indagatorias. Así, el caso Góndola, que había tenido un fuerte impacto social con numerosos arrestos y controversias a lo largo de los años, finalmente ha llegado a su fin, concluyendo un proceso judicial que había captado la atención de la sociedad durante muchos años.